El primer ministro Scott Morrison se disculpó por el controvertido e ilegal plan “robodebt” de su gobierno.
"Me disculpo por cualquier daño o perjuicio en la forma en que el gobierno ha manejado ese tema", dijo el jueves al parlamento.
"Por supuesto, lamento profundamente, lamento profundamente, cualquier dificultad que se haya causado a las personas en la implementación de este plan".
Puntos destacados:
- Scott Morrison se disculpa en el parlamento por el daño causado a las personas por motivo del ilegal plan del gobierno “robodebt”.
- El plan fue declarado ilegal por la Corte federal en noviembre de 2019.
- El gobierno devolverá $721 millones a 373,000 personas que fueron obligadas a pagar supuestas deudas a Centrelink.
El gobierno está pagando $721 millones a 373,000 personas que fueron perseguidas por sus supuestas deudas a través del programa ilegal.
Los pagos por intereses y las tarifas de recuperación también serán reembolsados.
El controvertido sistema fue declarado ilegal el año pasado, y el Tribunal Federal dijo que Centrelink no podía tener la seguridad de que las deudas fueran correctas.
El esquema desechado cruzó datos de la Oficina de Impuestos de Australia y de Centrelink para recuperar pagos de asistencia social, que habían sido pagados de más.
Ahora este plan está sujeto a una demanda colectiva penal.
Mathias Cormann, el líder del gobierno en el Senado, respaldó las disculpas de Morrison.
"Es apropiado que el primer ministro lo haga", dijo a la cámara alta.
El senador Cormann dijo que el primer ministro habló en nombre del gobierno, pero no se disculpó en respuesta a tres preguntas de la líder laborista del Senado, Penny Wong.
"Por supuesto, no debería haber sucedido de una manera ilegal", dijo.
El portavoz de los servicios del gobierno laborista, Bill Shorten, dijo que el plan “robodebt” causó un trauma psicológico a las miles de personas a las que les llegaron avisos de que tenían una deuda.
"Fue un ejercicio muy arbitrario de recaudación de fondos por parte del gobierno sobre los australianos más vulnerables", dijo al parlamento.
"Lo que necesitamos reconocer aquí es que es un escándalo y la mayor vergüenza de todas es que no sabemos cuánto costará a los contribuyentes".
El ministro de servicios gubernamentales, Stuart Robert, dijo que los programas de cobro de deudas del gobierno se reiniciarían en algún momento.
"Lo haremos con sensatez, lo haremos involucrando a todas las personas y lo haremos de manera muy transparente", dijo al parlamento.
Robert dijo que aproximadamente 939,000 australianos le debían al gobierno una cantidad total de más de $5 mil millones.
Los ministros del gobierno se han negado previamente a disculparse.
El caso que hizo sonar las alarmas
Anastasia McCardel, madre de una persona con discapacidad, acusó a Centrelink, que se encarga de la seguridad social de Australia, de abordar el caso de su hijo de forma insensible.
Unos documentos revelados en 2019 por la ABC mostraban que el personal del Ministerio de Servicios Humanos afrontaba una presión extrema para recuperar las deudas que tienen los receptores de las ayudas sociales con el gobierno.
El efecto de esas presiones se tradujo en una llamada a Anastasia McCardel. Centrelink le dijo que su hijo Bruce McCardel debía $6,744.52.
“Esto fue básicamente lo que me dijeron, que Bruce debía dinero”, le contó Anastasia al programa 7:30, al recalcar que los funcionarios la hicieron a ella responsable por esos pagos.
Pero su hijo había fallecido seis meses antes de esa llamada, en noviembre de 2018, a la edad de 49 años. Bruce había nacido con el síndrome Noonan, una condición genética que afecta al corazón y otros órganos vitales.
Su madre además recibió una carta en mayo de 2018 de Centrelink junto a un aviso de deuda, lo que la puso furiosa. Ella cree que su hijo declaró de forma correcta sus ingresos, pero desconoce cómo Centrelink calculó su deuda.
En noviembre de 2019, se filtró un mensaje de correo electrónico interno del Departamento de Servicios Humanos que revelaba que el gobierno iba a dejar de depender del sistema llamado "robodebt scheme" para recuperar deudas y anunció a sus empleados que a partir de ese momento estarían a cargo de las investigaciones y de buscar pruebas adicionales antes de remitir cartas a los beneficiarios de prestaciones sociales, exigiéndoles que paguen supuestas deudas.
El Departamento dijo entonces que analizará todas las presuntas deudas existentes y congelaría las recuperaciones mientras la revisión estaba pendiente.
La demanda colectiva
La firma de abogados Gordon Legal inició una demanda colectiva en septiembre de 2019 para investigar si más de 400,000 cartas de reclamación de deuda eran legales.
El socio principal Peter Gordon consideraba que el sistema es injusto.
“El hecho de que ponía toda la carga sobre las personas - los desempleados, las viudas, los granjeros - para que ellos mismos prueben que el dinero que se los acusaba de deber pertenecía a una supuesta deuda que venía de mucho tiempo atrás", manifestó el abogado.
La Corte Federal declaró ilegal el plan “robodebt” en noviembre de 2019.
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