La propuesta legislativa para luchar contra la interferencia extranjera y el espionaje podría derivar en la criminalización del periodismo al contemplar sanciones penales contra periodistas y los delatores de delitos o irregularidades (conocidos como o whistleblower en inglés) de hasta unos 20 años de prisión.
Así lo expuso el martes en Camberra (Canberra, en inglés) el jefe de los periodistas del sindicato de la Alianza de Medios, Entretenimiento y Arte (MEAA, siglas en inglés), Paul Murphy, ante un comité conjunto parlamentario sobre Inteligencia y Seguridad que analiza la propuesta legislativa.
Este comité analiza dos proyectos: los cambios a las leyes de seguridad nacional, que podrían sancionar a los periodistas y delatores hasta con 20 años de cárcel, y el referido a la transparencia de la influencia extranjera, que obligaría a registrar públicamente las actividades políticas, de influencia o campañas vinculadas a intereses foráneos.
Murphy explicó que los cambios a las leyes de discreción podrían tener un “efecto escalofriante” en las historias que se apoyan en los documentos filtrados a la prensa.
La fuente de información anónima conocida popularmente como "garganta profunda", en alusión a al hombre cuya identidad permaneció anónima durante 30 años y fue el pilar para el destape del caso de "Watergate", es un elemento clave en las investigaciones periodísticas y su protección permite revelar importantes hechos de interés público que no podrían hacerse si se identificara el origen.
El representante del sindicato de periodistas remarcó que una docena de medios de comunicación australianos que participaron en la documentación ante este comité legislativo se oponen “muy fuertemente” a las sanciones.
“(La propuesta) criminaliza el periodismo. El proyecto criminaliza fuertemente a las personas valientes que dan un paso adelante como los delatores que llevan material a los periodistas para reportajes de interés público”, acotó Murphy.
Y es que la reforma referida a la seguridad nacional incrementaría las sanciones contra cualquier persona que comunica o gestiona información que potencialmente “cause daño a los intereses australianos” en los casos en que ésta se obtenga sin autorización a través de un funcionario.
Este proyecto, que pretende contrarrestar la influencia de países como Rusia y China, contiene enmiendas a la ley de discreción que abren la puerta a la aplicación de condenas penales contra periodistas y organizaciones como WikiLeaks por incluir información que perjudique a las relaciones internacionales o las relaciones entre el Gobierno federal y estatal.
Si bien el proyecto contempla excepciones para los periodistas que realizan reportajes de forma justa y equilibrada en favor del interés público, éstas son demasiado amplias y sujetas a diversas interpretaciones, según las organizaciones mediáticas.
“El presidente (estadounidense, Donald) Trump y el editor del New York Times pueden tener distintos puntos de vista respecto a lo que representa un informe justo y preciso”, comentó el portavoz laborista de Asuntos Internos, Mark Dreyfuss, durante la vista.
¿El registro del nexo extranjero puede llevar a absurdos?
En su extremo, las reformas afectarían a los medios extranjeros como BBC o Al Jazeera, según comentó el director de asuntos corporativos de Foxtel, Bruce Meaguer, al apuntar que cadenas de televisión foráneas debían registrarse en virtud del nuevo enfoque legal.
Las universidades también se oponen al proyecto por considerar que puede suponer un obstáculo a importantes investigaciones que realizan sus académicos y estudiantes.
La directora ejecutiva interna de Universities Australia, Catriona Jackson, indicó que la ley pone en peligro las colaboraciones con académicos internacionales y las fuentes de financiación.
Por su lado, el obispo católico Robert McGuckin advirtió que la ampliación del proyecto pondría barreras a las labores de sus religiosos, al igual que de otras organizaciones de caridad, al crear obstáculos administrativos adicionales e innecesarios.
“Los católicos son seguidores de Jesucristo, no son agentes de un gobierno extranjero”, se quejó McGuckin en la vista que se celebró en Camberra.
La Conferencia Australiana de Obispos Católicos teme de que el proyecto en su forma original demande que cada obispo, sacerdote o laico se registre ante las autoridades y reporte sus actividades.
La entidad religiosa recordó que el censo de 2016 identificó a más de 5,2 millones de católicos en el país y recordó que actividades como la “annual CEO Sleepout” organizada por la ong St Vincent de Paul, en la que los directivos máximos de las empresas duermen una noche en las calles como los indigentes, serían suceptibles de ser reportadas ante las autoridades si se abrueba el proyecto de ley.
Este sector espera que se realicen enmiendas al proyecto para evitar que las organizaciones religiosas y de ayuda humanitaria que están registradas ante la Comisión Australiana de organizaciones caritativas y sin fines de lucro sean afectadas por la reforma.
Por su lado, los representantes de las universidades quieren que el Gobierno realice consultas en torno a la propuesta de ley.
Pero para el director ejecutivo del Instituto Australiano de Políticas Estratégicas, Peter Jennings, el proyecto de ley es “necesario y oportuno”, pero recomendó al Gobierno a alentar a sus representantes de los servicios de Inteligencia a informar adecuadamente al público sobre los peligros que suponen las fuerzas extranjeras para el país.
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