La salud de la transparencia democrática en Australia se encuentra cada vez más bajo la lupa, a medida que el país celebra juicios a puerta cerrada, mientras que informantes afrontan durísimas penas de cárcel por compartir información secreta o clasificada. Esto ocurre en un contexto en el cual varios periodistas también han sido sujetos a registros policiales por la filtración de documentos que han sido vinculados a la seguridad nacional, según las autoridades.
A pesar de las críticas, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha asegurado que la información sólo se mantiene en secreto en juicios cuando se trata de proteger la seguridad nacional, o cuando las vidas de personas podrían peligrar de ser revelada su identidad.
Sin embargo, el proceso judicial secreto que enfrenta el prestigioso abogado australiano Bernard Collaery ha llamado la atención de periodistas y juristas. Collaery ha sido citado por presuntamente haber revelado secretos nacionales vinculados al espionaje que realizó Australia en 2004 al Gabinete de Timor Oriental, para obtener ventaja en las negociaciones sobre un rico yacimiento en el mar que los separa.
Un exagente de Inteligencia conocido como el “Testigo J” fue puesto en prisión por violar las leyes de seguridad nacional en relación a este caso que implica a Collaery, quien fuera fiscal general del Territorio de la Capital Australiana (ACT, siglas en inglés).
Puntos destacados:
- Australia realiza juicios secretos, como al prestigioso abogado Bernard Collaery y el llamado “Testigo J”, quienes están vinculados a la exposición del espionaje que realizó el gobierno del país oceánico al gabinete de Timor Oriental en 2004.
- El gobierno australiano ha defendido la necesidad de realizar juicios secretos para proteger la seguridad nacional.
- El exjuez Anthony Whealy, quien ha presidido varios procesos por terrorismo, consideró que el caso de Collaery y el “Testigo J” pueden constituirse “en uno de los juicios más secretos de la historia australiana”.
De exfiscal de la ACT a procesado por conspirar contra Australia
La vivienda de Collaery fue allanada por el Servicio de Inteligencia Doméstica Australiana (ASIO, siglas en inglés) en 2013 mientras él representaba al gobierno de Timor Oriental en un caso en La Haya contra Australia. Entonces su cliente, el “Testigo J” fue detenido.
Pero las autoridades australianas solo formularon cargos contra ellos después de la firma de un tratado en Nueva York en 2018 sobre la explotación de los hidrocarburos en el Mar de Timor.
Collaery ahora enfrenta un “juicio secreto”, enmarcado en la Ley de Información de Seguridad Nacional (NSIA, siglas en inglés).
Esta ley contempla un proceso que permite que el Fiscal General de Australia emita un certificado para proteger las pruebas clasificadas que hayan sido consideradas relevantes para la seguridad nacional y que están contenidas en un expediente judicial.
Este certificado se ha emitido en el caso de Collaery. Las partes en este proceso deben ponerse de acuerdo sobre los asuntos que permanecerán clasificados, o de lo contrario, el tribunal decidirá en una vista especial.
En un juicio a puerta cerrada y secreto se prohíbe la entrada a los periodistas, al público y al jurado. Incluso, el juez puede excluir al acusado, a su abogado o a un funcionario del tribunal si el hecho de revelarles la información puede comprometer la seguridad nacional.
McBride, la denuncia de presuntos crímenes de guerra
El juicio a puerta cerrada de Collaery no es el único en curso en la país.
David McBride, un ex oficial del ejército que reveló presuntos asesinatos ilegales de civiles por parte de las tropas australianas en Afganistán, también afronta otro juicio secreto por estar relacionado a la seguridad nacional.
A McBride se le acusa de robar información del gobierno y de violar las leyes de secreto, pero él argumenta que los documentos que filtró nunca debieron ser clasificados.
El ex senador independiente de Australia del Sur, Nick Xenophon, quien es abogado de McBride, dijo que su colega solo tuvo dos horas para revisar los documentos vinculados a este caso, que está a su vez ligado a la redada que la Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés) realizó el año pasado a la cadena ABC.
"Sólo dos horas para miles de páginas", dijo Xenophon en el programa QandA de la ABC, al explicar que no pudieron llevarse estos documentos.
McBride aún no ha visto las pruebas, dijo. "Esto es lo que hace un estado autoritario", dijo Xenophon.
El exsenador de Australia del Sur considera que las leyes de seguridad nacional protegen al gobierno del escrutinio y privan a los denunciantes de sus derechos legales.
En el mismo programa, Dennis Richardson, ex director general del servicio de inteligencia interna de Australia, ASIO, de 1996 a 2005, dijo que algunas partes del caso contra McBride eran confidenciales porque se trataba de material altamente clasificado.
El balance de la ley con los principios democráticos
La ley NSIA, que se introdujo en 2004 como parte de las leyes antiterroristas de Australia, busca proteger la información de seguridad nacional. Sin embargo, hay quienes consideran que su hermetismo puede poner en peligro tanto el derecho a la información como el derecho a un proceso justo.
Annika Smethurst, una periodista de NewsCorp cuya vivienda también fue allanada en 2019 for la AFP, dijo que las leyes de seguridad deberían sopesar la necesidad de impedir que los enemigos de Australia se enteren de los métodos de los servicios de inteligencia del país y de las identidades de los oficiales, contra el derecho de los australianos a escrutar lo que se hace en su nombre.
"Para mí, todas estas cosas son una cuestión de equilibrio", dijo Smethurst.
En ese sentido, la portavoz de Asuntos del Interior del Partido Laborista, Kristina Keneally dijo a SBS Spanish que existe una tensión constante entre la protección de la seguridad nacional y el derecho a informar, asuntos que están siendo analizados en el Senado.
Keneally admitió que "existe una preocupación pública de que en el balance se ha ido demasiado lejos" en lo que se refiere a la protección de la seguridad nacional.
Según Keiran Hardy, del Instituto de Criminología de la Universidad Griffith, “el principal problema de la Ley de Seguridad Nacional es que crea una situación en la que la información sobre seguridad nacional puede utilizarse en una sala de tribunal sin que el acusado, el jurado, los medios de comunicación o el público en general conozcan los detalles de esa información”.
Por otro lado, el presentar las pruebas de forma resumida o "redactada" (cuando las autoridades suprimen información) supone que se proporcione información esencial, pero no los detalles claves dado que se mantienen en secreto. De este modo, el acusado está en desventaja de argumentar su inocencia y los jueces tienen la presión de darle más importancia a la seguridad nacional que a efectuar un juicio justo.
“Es posible que los jueces puedan encontrar un equilibrio adecuado para que los acusados tengan un juicio justo en casos como éste. Pero si hay que decidir una contienda entre la seguridad nacional y un juicio justo, está claro quién gana”, recalcó Hardy en un artículo escrito el año pasado en la revista de análisis académico The Conversation.
Hardy alertó también que “es probable que, dada la naturaleza sensible del escándalo del espionaje realizado por ASIS (a Timor Oriental), esa información no sea proporcionada al equipo de defensa de Collaery por razones de seguridad nacional. Este es un caso de prueba significativo para saber si los denunciantes pueden recibir un juicio justo en el actual clima de secreto gubernamental”.
Leyes que desfavorecen a los informantes
Para el académico A.J. Brown, experto en Política Pública y Derecho de la Universidad de Griffith, el problema es que las leyes de seguridad nacional atentan contra todo esfuerzo de los informantes de denunciar hechos que deben ser investigados, “incluso, si en teoría, intentan proteger los intereses del público”.
Brown citó en su artículo en la revista The Conversation publicado en agosto pasado el estudio "Clean As A Whistle" sobre las políticas de denuncia de irregularidades en 699 organizaciones del sector público y privado, y la experiencia de 17,778 empleados en 46 de ellas, en el que se confirma que la denuncia pública es poco frecuente a pesar de que es un elemento vital de la integridad.
“En nuestro estudio, el 98% de los denunciantes plantearon sus preocupaciones internamente. Sólo el 2% salió de sus organizaciones en primera instancia. Incluso cuando los denunciantes se sienten obligados a salir, rara vez es directamente a los medios de comunicación”, precisó Brown al recalcar que los datos “muestran que difícilmente hay una crisis de filtración y divulgación externa de información en las instituciones australianas”.
