Los sindicatos australianos han criticado la resolución emitida el viernes por la Defensora del Pueblo de Fair Work.
La decisión fue anunciada tras una extensa investigación sobre la relación laboral entre Uber y los conductores.
"El peso de la evidencia presentada durante nuestra investigación establece que la relación entre Uber Australia y los conductores no es una relación laboral. Para que exista tal relación, los tribunales han determinado que debe existir, como mínimo, la obligación para que el empleado realice el trabajo cuando el empleador lo exiga", dijo en un comunicado la defensora del pueblo de Fair Work, Sandra Parker.
Agregó que, como resultado de la investigación, "la Defensora del Pueblo de Fair Work no implementará un plan de acción para asegurar el cumplimiento de medidas en relación a este asunto".
Uber, que considera que los conductores son contratistas independientes, dio el visto bueno a la decisión y dijo que "ser tu propio jefe" es la razón primordial por la que las personas eligen conducir para la compañía.
"Eligen cómo, cuándo y dónde conducen. Más del 90 por ciento de nuestros socios en Australia nos dicen que conducen para la empresa por la flexibilidad de la aplicación Uber", dijo una portavoz de Uber a AAP en un comunicado.
Pero la Asociación de Conductores de Viajes Compartidos de Australia y el Sindicato de los Trabajadores del Transporte afirman que el fallo expone a los trabajadores a ser explotados de manera constante.
Los expertos han sugerido que la decisión no es definitiva y que los conductores podrían iniciar un proceso judicial contra Uber.
"El fallo complicará la vida de los conductores de viajes compartidos en Australia. Estas compañías ahora van a decir que no es necesario preocuparse para que (los conductores) sean clasificados como empleados. Esto significa que nadie se hace responsable", dijo la secretaria de RSDAA, Les Johnson, a AAP.
Johnson señaló que los conductores "vulnerables" podrían ser despedidos sin previo aviso y sin el derecho de apelar.
Sin embargo, en mayo el sindicato señaló que 1700 conductores de Foodora recibieron más de dos millones de dólares en pagos atrasados, mientras que a fines de 2018 un conductor ganó un caso de despido improcedente con el apoyo del Tribunal de Fair Work.
La Comisión encontró en noviembre que Josh Klooger era un empleado de la compañía, no un contratista.
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