La investigación judicial ordenada por el gobierno del premier de Victoria, Daniel Andrews, comenzó este lunes a analizar los presuntos fallos de seguridad en los hoteles que se designaron para que los residentes y ciudadanos que llegaban al país desde el exterior cumplieran una cuarentena obligatoria de 14 días.
Los presuntos incumplimientos de los guardias de seguridad en estos hoteles han sido señalados como los culpables del rebrote de coronavirus en Victoria, cuyo gobierno había aplicado una de las medidas más estrictas de Australia y ahora afronta una de las peores crisis de COVID-19 en todo el territorio de nuestro país.
Los operadores de hoteles, las empresas de seguridad privada y los responsables del gobierno estatal comparecerán ante esta investigación sobre el chapucero programa de cuarentena del coronavirus.
Puntos destacados:
- La investigación sobre el régimen de las cuarentenas en los hoteles, que deberá entregar su informe en septiembre próximo, llamará a comparecer a operadores de hoteles, las empresas de seguridad privada y los responsables del gobierno estatal.
- El consejero asistente Tony Neal dijo que “los comentarios hechos por el jefe de salud a los medios han sugerido que incluso puede ser que cada caso de COVID-19 en Victoria en las últimas semanas podría provenir del programa de cuarentena del hotel".
- Los presuntos incumplimientos de los guardias de seguridad en estos hoteles han sido señalados como los culpables del rebrote de coronavirus en Victoria, cuyo gobierno había aplicado una de las medidas más estrictas de Australia y ahora afronta una de las peores crisis de COVID-19 en todo el territorio de nuestro país.
El gobierno estatal inició la investigación, encabezada por la jueza retirada Jennifer Coate, después de que los nuevos casos de COVID-19 de finales de mayo y principios de junio se relacionaran con violaciones del control de la infección por parte de los guardias de seguridad de los hoteles en cuarentena.
La COVID-19 se ha disparado en el estado de Victoria, principalmente en Melbourne, hasta triplicar desde principios de mes el número de contagios registrado en la región desde el inicio de la pandemia, de unos 2,000 a más de 6,000. Además, Victoria acumula la mitad del total de 12,000 casos confirmados en Australia desde que detectaran al primer infectado el mes de marzo.
Este rebrote ha obligado al gobierno de Victoria a ordenar desde el próximo jueves el uso de mascarillas en Melbourne y la localidad rural de Mitchell, también bajo confinamiento, una medida inédita en Australia.
"La información ya disponible para la investigación sugiere la posibilidad de un vínculo entre muchos de los casos de coronavirus identificados en la comunidad de Victoria en las últimas semanas y las personas que fueron puestas en cuarentena bajo el programa de cuarentena de los hoteles", dijo el abogado asistente principal Tony Neal en la presentación de sus argumentos.
"Los comentarios hechos por el jefe de salud a los medios han sugerido que incluso puede ser que cada caso de COVID-19 en Victoria en las últimas semanas podría provenir del programa de cuarentena del hotel", agregó el abogado.
Durante la investigación se examinarán las decisiones y comunicaciones entre el gobierno estatal, los operadores de hoteles y los contratistas privados y se les ha ordenado que presenten sus propuestas antes de finales de julio.
Eso incluye el Ministerio de Salud y Servicios Humanos, el de Empleo, Precintos y Regiones, el del Tesoro y Finanzas, el del Primer Ministro y el Gabinete, así como la Policía de Victoria, la Administración de Emergencias de Victoria y la Ambulancia de Victoria.
Los dos hoteles que registraron grandes brotes conocidos son Rydges on Swanston y Stamford Plaza, así como Travelodge Melbourne, Park Royal Hotel Melbourne Airport, Holiday Inn Melbourne y Four Points Sheraton.
Neal también nombró ocho compañías de seguridad.
"El proceso de identificación de testigos ya ha comenzado y continuará a medida que se reciban y analicen los documentos", dijo.
La investigación todavía está revisando todos los documentos que ha recibido de los involucrados en el programa, pero ya se ha establecido un vínculo con la segunda ola mortal del estado.
En esta investigación, aquellos empleadores que intenten disuadir a los empleados de prestar declaración serán multados con fuertes multas.
"Espero nada menos que una completa, franca y oportuna cooperación de todas las entidades y personas del gobierno para permitirme hacer mi trabajo para el pueblo de Victoria", dijo la exjueza Coate, quien preside esta investigación ordenada a principios de mes.
