El tribunal ha ordenado a ambos países que de manera inmediata empiecen a tomar medidas para poner punto y final a la detención de solicitantes de asilo en el país del sudeste asiático.
La justicia considera que esta práctica viola el derecho a la libertad personal recogido en su carta magna.
En la actualidad hay 850 hombres en el centro, de los cuales, alrededor de la mitad han recibido ya la condición de refugiados. Su abogado asegura que van a pedir una indemnización a Australia por detenerlos ilegalmente.
Mientras aquí, el gobierno dice que ningún detenido conseguirá pisar suelo australiano.
