Cuando la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo hace diez meses, El Salvador se unió a las docenas de países que pedían ayuda humanitaria urgente. Cientos de millones de dólares fluyeron rápidamente a las arcas de El Salvador de donantes bilaterales, prestamistas privados e instituciones financieras internacionales, incluido un préstamo de 389 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que fue aprobado en abril.
Mientras, en prolongadas cadenas nacionales de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele advirtió que metería preso a funcionarios de gobierno que robaran fondos de la emergencia.
Y efectivamente, llena de dinero prestado y enfrentando una crisis económica y de salud pública sin precedentes, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un fondo de emergencia de $2 mil millones para combatir la pandemia, equivalente a casi el 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país centroamericano.
Para superar el manejo de estos fondos fue creado un Comité formado por 11 miembros entre empresarios, académicos y funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Pero, tras varios encuentros, renunciaron 5 representaciones se retiraron. Entre ellos, la jesuita Universidad Centroamericana, según su rector Andreu Oliva quien compareció con la prensa local.
En mayo pasado, el presidente Nayib Bukele reiteró que de los $3 mil millones aprobados por la Asamblea Legislativa, su gobierno no había recibido fondos y acusó particularmente a los partidos tradicionales, la derechista ARENA y la exguerrilla del FMLN.
Pero, ante una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa, el entonces presidente del estatal Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, detalló que al 31 de agosto pasado el gobierno obtuvo más de 3 mil 200 millones de dólares en deuda externa y donaciones por la pandemia y que se gastaron 2 mil 600 millones de dólares.
El funcionario fue separado del cargo, mientras el diputado de oposición René Portillo Cuadra estimó la disposición diaria de fondos durante la pandemia.
En tanto, el presidente de la corte de cuentas, Roberto Anzora, reveló a la prensa que el gobierno de Bukele tuvo fondos para pagar a los municipios, el cual no reciben desde hace 8 meses.
Mientras la Fiscalía General de El Salvador abrió una investigación a funcionarios del gobierno, presuntamente beneficiados por contratos y compras del Ministerio de Salud sobre uso indebido de fondos públicos en el contexto de la pandemia. Además, el Fiscal General Raúl Melara, dijo a la prensa que investiga varios casos.
En tanto, el nuevo ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, cuestiona el proceder de la Contraloría del país que detectó disposición de fondos públicos para los municipios.
En los últimos meses, periodistas, fiscales y legisladores de la oposición han descubierto evidencia de fondos mal asignados, contratos de adquisiciones inflados y otras irregularidades financieras.
Los escándalos incluso han implicado a altos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, amenazando con socavar su popularidad antes de las elecciones legislativas del próximo 28 de febrero.
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