Sinopsis:
La organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, acaba de publicar su en el que revisa las prácticas respecto a los derechos humanos en casi 100 países.
En lo que concierne a Australia, en 2022 surgieron revelaciones inquietantes sobre las condiciones de los detenidos dentro del sistema penitenciario de Australia, algo ya denunciado en numerosos informes y comisiones reales publicados en años previos.
El gobierno estatal de Australia Occidental se negó a instalar aire acondicionado en las celdas residenciales de la prisión regional de Roebourne, a pesar de que las temperaturas alcanzaron un récord de 50 grados y medio el año pasado, lo que representa un riesgo significativo para la salud de los presos.
El noventa por ciento de la población carcelaria de Roebourne son personas de las Primeras Naciones.
En noviembre, tras la presión pública del Servicio Legal Aborigen, Human Rights Watch y otras organizaciones, el gobierno estatal dio marcha atrás y dijo que instalaría aire acondicionado, pero no hasta después de este verano.
Los pueblos indígenas están significativamente sobrerrepresentados en el sistema de justicia penal de Australia, y los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres representan el 29% de la población carcelaria adulta de Australia, pero sólo el 3% de la población nacional.
Al menos 17 indígenas murieron bajo custodia en Australia en 2022, frente a 11 en 2021.
Sophie McNeill, investigadora sénior de Human Rights Watch en Australia, dijo que lo más “horrible” es que estos problemas se han conocido durante mucho tiempo, pero que “lo ignoramos” y progresivamente están empeorando cada vez más.
“Conocemos las muertes indígenas bajo custodia: sabemos que es un problema que surge cada año, ha habido un gran aumento en el número de muertes (bajo custodia) y todavía no se trata como el problema nacional urgente que debería tratarse. No está recibiendo la atención, los recursos o los fondos que necesitan para resolverlo."
La Profesora Anna Cody, decana de la facultad de Derecho, en Western Sydney University, comparte con SBS Spanish sus reflexiones sobre el informe.
