La Asamblea Legislativa de ACT aprobó el miércoles un proyecto de ley presentado por un legislador del Partido Laborista, Michael Pettersson, que permitirá a los residentes de Camberra mayores de 18 años poseer 50 gramos de marihuana seca o 150 de la fresca.
También permite a cada persona cultivar dos plantas, pero restringe a los hogares a cuatro plantas. La prohibición a las plantas hidropónicas sigue vigente.
Los consumidores no podrán comprar ni vender la droga, así como seguirá siendo delito conducir bajo los efectos del alcohol.
La ley no entrará en vigor inmediatamente sino hasta enero de 2020 y debe ser firmada por el ministro de Salud de esta jurisdicción. Además, en un plazo de tres años se llevará a cabo una revisión de las leyes.
Las enmiendas introducidas en el proyecto de ley original exigen que el cannabis se mantenga fuera del alcance de los niños y que se prohíba que los adultos lo usen cerca de los niños o lo cultiven en jardines comunitarios.
El portavoz de la oposición de la fiscalía general de ACT, Jeremy Hanson, dijo el miércoles a la asamblea que la oposición liberal no apoyaría el proyecto de ley, ya que estaba mal redactado y conduciría a una serie de "resultados perversos".
Hanson considera que la medida alentaría a más personas a consumir cannabis -lo que, según los profesionales médicos, daría lugar a un aumento de las tasas de psicosis- y que se acusaría a más personas de conducir bajo los efectos de las drogas.
Asimismo consideró que crea confusión legal porque las leyes federales considera ilegal el uso de esta droga.
"Esto pone no sólo a los individuos en un mayor nivel de riesgo, sino que nuestra policía estará ahí fuera trabajando en este marco legal poco claro", dijo Hanson.
Para el fiscal general de la ACT, Gordon Ramsay, es hora de tratar la adicción a las drogas como un problema de salud y no como una cuestión de "bien y mal".
Por ese motivo las leyes irían acompañadas de más servicios de drogas y alcohol y de la introducción de tribunales de drogas específicos.
El fiscal general de la ACT reconoció que poseer y cultivar cannabis seguiría siendo un delito federal, y que el riesgo de enjuiciamiento "no se ha eliminado por completo", pero "en la práctica" las leyes no se aplicarían.
Pettersson dijo que existe una defensa para el uso de cannabis bajo la ley de la Commonwealth si el uso es exceptuado o justificado por la ley del estado o territorio.
Por su lado, el Fiscal General de Australia, Christian Porter, dijo que el proyecto de ley era un asunto de la ACT, pero que en los casos en que se aplicaban las leyes de la Commonwealth (federal) éstas seguían siendo ejecutables.
Una portavoz del Jefe de gobierno de la ACT, Andrew Barr, dijo que el Ejecutivo había consultado con la Policía de esta jurisdicción y la Fiscalía Pública del Commonwealth.
Un portavoz del Ministro de Salud federal, Greg Hunt, dijo que cualquier problema con la ley de la Commonwealth era asunto del Fiscal General, pero el gobierno federal no apoyó la legalización del cannabis para uso recreativo.
No es la primera vez que las leyes introducidas por el territorio entran en conflicto con las leyes federales.
En 2013, la capital legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero después el gobierno federal revocó la ley tras impugnarla ante el Tribunal Supremo.
Antes de eso, en 1995, el Territorio del Norte legalizó la eutanasia voluntaria, pero el gobierno federal legisló más tarde para impedir que los estados o territorios permitieran la muerte asistida.
